Se acerca a su recta final el hecho político más importante de una legislatura y no, no tiene que ver con el tema catalán: me refiero a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que ya se han debatido en las comisiones pertinentes y cuyas enmiendas, presentadas por los diferentes grupos, se estudian ahora en la Comisión de Presupuestos, antes de llegar al pleno del Congreso la próxima semana. Ya sabemos algunas cosas: que el Partido Nacionalista Vasco ha rascado una mejora de las pensiones que parecía imposible y que, en todo caso, no va a solucionar el problema existente ni acallar a las abuelas y abuelos que protestan en la calle; y que de las miles de enmiendas que se van a aprobar o rechazar estos días, todo pinta que el Gobierno del Partido Popular se va a deshacer de la mayor parte de ellas.
Aprobar los presupuestos, probablemente, el proceso parlamentario más ajeno al conjunto de la ciudadanía, más intrincado, más intraducible a un lenguaje común. Y no porque la gente no sepa sumar o ver que hay más o que hay menos, sino por toda la ritualidad y lenguaje indescifrables del proceso, las partidas, las competencias. No es casualidad que lo más importante que puede hacer un Gobierno, más en un Congreso como el vigente que está paralizado en plazos de enmiendas y vetos, resulte opaco para el común de los y las mortales, que nos morimos, qué duda cabe, cuando se recorta en ayudas a la Dependencia y no se ejecuta lo poco que se presupuesta, cuando las pensiones tiemblan, cuando el gasto público en Educación, Sanidad, Cultura y otros derechos sociales sigue atado y bien atado por la mano firme de Cristóbal Montoro.
¿Os acordáis de que todo el año pasado existió en el Congreso una Subcomisión para llegar a un pacto en materia de violencia de género que reformara la Ley 1/2004 que lucha, de aquella manera, contra esta vulneración de los derechos humanos de las mujeres que son las violencias machistas? ¿Os acordáis de que se aprobó y de que entre las medidas por las que se llegó al consenso mínimo estaba que, además de lo que ya se destina a la materia, se tenían que sumar 1000 millones de euros más, en cinco años, 200 por año? ¿Os acordáis de que, en diciembre, ante la inminente prórroga de las cuentas del año 2017, el Gobierno se lio a aprobar créditos y partidas presupuestarias con carácter extraordinario para que no quedara nada importante sin cubrir ante el vacío de unos inexistentes PGE? ¿Os suena que en esa excepcionalidad se concibiera la dotación de un pacto que, por cierto, seis meses después de aprobado no ha sido puesto en marcha en absoluto? ¿Leísteis el artículo que publiqué en este mismo medio señalando cómo se llegaba al pacto, por qué era papel mojado y lo que significa que algo no sea de obligado cumplimiento para un Gobierno? ¿Tal vez este otro texto reciente de la diputada Sofía Castañónen el que cuenta la vivencia íntima de tamaña engañifa?
Todo esto porque en los presupuestos para el año en curso, 2018, que llegaron el 3 de abril al Congreso, comprobamos que los 200 millones han pasado a ser 80, así, porque sí, con una trampita de dejar los otros 120 en manos de las Comunidades Autónomas que, por lo demás, no tienen total libertad sobre sus cuentas y sus ingresos porque ya se encarga el ministro Montoro de ahogar bien y de impedir la inversión pública y social en los términos que serían de justicia. Es decir, que 80 de lo que deberían ser 200 y ya eran poca cosa. 120 que las Comunidades Autónomas y ayuntamientos deberían recibir, según dice el Pacto, del propio Estado para mejorar la atención a las víctimas y la prevención, pero que ahora van a tener que obtener por su cuenta. 80 millones de euros más al año que, por otro lado, al no haberse hecho aún ninguna modificación legislativa para cambiar en las leyes lo que se acordó en la Subcomisión, ni siquiera estamos seguras de que se vayan a gastar. Porque esa es otra: sabemos que el 71% del presupuesto aprobado en investigación y ciencia de 2017 no se ejecutó, no se gastó, no nada. ¿Azar? ¿Olvido? ¿Abundancia en una universidad pública y en unos centros de investigación más célebres por las Cifuentes de sus entretelas que por su presencia entre los mejores del mundo? No, degradación encubierta de lo público que pasa por no dotar, no ejecutar, dejar morir, aquello que debería ser motor de la economía, el conocimiento y el bienestar social de la gente.
Hay un capítulo de los Simpson en el que la familia amarilla hace creer al payaso Krusty, devenido congresista o senador, que ha logrado hacer algo por sus votantes cuando, en realidad, un viejo limpiador del Congreso o del Senado enseña a Lisa que la política se reduce a un clip, a colar bajo algo inocuo lo que de verdad importa, así las privatizaciones encubiertas o, lo dicho, la degradación por dejadez del sistema público en general. Hay un libro de Benito Pérez Galdós, titulado La desheredada, que cuenta la historia de una pobre chica a la que han hecho creer que es hija de aristócrata y pretendida heredera, y por esa aspiración falsa que la convence de ser mejor y merecedora de unas atenciones que no son comunes para una integrante de la paupérrima clase media española, es incapaz de la vida y su sostenimiento, por no decir que no sabe hacer la o con un canuto. No acaba bien, claro. El libro se dedica a “a los maestros de escuela” y tiene, en el entramado de deliciosos secundarios, a esa familia Pez que vive de la Administración del Estado, haciendo y deshaciendo, y que parece rediviva hoy, que no es 1881, a tenor de un pasaje como este:
Amados hermanos míos: Feliz mil veces la postrera de las tierras hacia donde el sol se pone, esta nuestra España, que concibió en su seno y crio a sus pechos a D. Manuel José Ramón del Pez, lumbrera de la Administración, fanal de las oficinas, astro de segunda magnitud en la política, padre de los expedientes, hijo de sus obras, hermano de dos cofradías, yerno de su suegro el Sr. D. Juan de Pipaón, indispensable en las comisiones, necesario en las juntas, la primera cabeza del orbe para acelerar o detener un asunto, la mejor mano para trazar el plan de un empréstito, la nariz más fina para olfatear un negocio, servidor de sí mismo y de los demás, enciclopedia de chistes políticos, apóstol nunca fatigado de esas venerandas rutinas sobre que descansa el noble edificio de nuestra gloriosa apatía nacional, maquinilla de hacer leyes, cortar reglamentos, picar ordenanzas y vaciar instrucciones, ordeñador mayor por juro de heredad de las ubres del presupuesto, hombre, en fin, que vosotros y yo conocemos como los dedos de nuestra propia mano, porque más que hombre es una generación, y más que persona es una era, y más que personaje es una casta, una tribu, un medio Madrid, cifra y compendio de una media España.
Traigo estas dos historias: la de los Simpson y la de los Pez, gloria nacional que casi parece identidad cierta ante cada caso de corrupción y corruptela de los partidos políticos en todo el territorio del Estado, porque el Gobierno del Partido Popular —un partido que ha dejado cualquier hurto previo en materia de pelotazo a nivel principiante—comprometió 200 millones de euros porque nos están matando y sólo ha llevado al texto presupuestario 80 y además opta por una fórmula para los otros 120 que, bien sabemos, conduce a que no vayan a existir o no en igualdad en todas las comunidades. Y nos están matando, nos están asesinando, violando, vejando, discriminando y robando en el salario o en la pensión por el mero hecho de ser mujeres, con los agravantes por edad, por clase, por capacidades diversas, por procedencia, por color de la piel o por orientación e identidad sexuales que se quieran añadir y que lo vuelven todo bastante más jodido. Nos están asesinando porque pueden y el Gobierno, que debe velar por el orden mínimo en democracia para que esto no sea una jungla, tiene poco o ningún interés en que la ciudadanía de la mitad de su población valga lo mismo que lo de la otra media, y por eso no se toma en serio una vulneración de derechos humanos que es consustancial al sistema (del patriarcado al capital, y vuelta), y no se ha asustado lo suficiente después de la manifestación del 8 de marzo de 2018, aunque debería.
Que después de ese día se intenta que la demanda de igualdad radical, mínima y aglutinadora, a la vez, que nos sacó a la calle por millones, quede en cosa de nada y se pueda cooptar bien y rápido con señoras liberales, camisetas de Inditex y líderes del feminismo transversal, es cosa cierta. Pretender que esa iniciativa tenga éxito con estos presupuestos, que ni por decoro o vergüenza camuflan la verdadera raíz misógina del partido conservador y de su concepción de la vida y las clases sociales y el poder es de ser incauto o de ser soberbio. Después del máster en diferido de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid tiendo a pensar que quizás lo segundo: la soberbia y el desprecio hacia las oprimidas es lo que conduce a un Gobierno a ser incauto, a no ver venir que, si en teoría se está saliendo de la crisis en las cifras macro, no así sucede en las casas, las fábricas y los cuerpos, sino que se va a peor, y por lo tanto a mayores reivindicaciones y protestas.
Le podemos llamar tribu, casta o trama, porque quienes tienen el poder real sobre las vidas de las personas, sobre la economía, el erario público y la dirección ideológica de las políticas funcionan como un clan mafioso (inciso: piensen en la Semana Santa reciente y los novios de la muerte y luego en los derechos humanos, la aconfesionalidad y la libertad de pensamiento y saquen sus propias conclusiones); pero sea como sea esa gente tiene un apellido, que es PATRIARCAL, y se expresa de forma clara en unas cuentas que mantienen algo muy viejo, la división sexual del trabajo y algo muy duro, la violencia de todo tipo que somete con éxito a la práctica totalidad de las mujeres confundiendo trabajo de cuidados con amor, palizas con amor, minusvaloraciones públicas en el ámbito de la cultura con rasgos de estilo. Esta trama patriarcal, un año más, aunque con retraso, lleva las cuentas a la cámara de representación. Y nos van a seguir matando. Y tendrá que seguir siendo, en las calles y en las conciencias, 8 de marzo. Hoy, 16 de mayo, el movimiento feminista nos convoca de nuevo a manifestaciones en todo el Estado para pedir esos recursos imprescindibles del Pacto. Nos va la vida en ello.
